¿Constituye delito emitir y presentar al cobro una factura por trabajos inexistentes en un procedimiento judicial?

Sin embargo, la presentación de una demanda y la subsiguiente incoación de un proceso civil, en base a documentos que recogen trabajos que no se han realizado, es un conducta que puede ser constitutiva de delito. Concretamente, podríamos estar hablando de la comisión de un posible delito de falsedad documental (art. 390.1.2ª CP) y un posible delito de estafa procesal (art. 248 y 250.2 CP).

Nuestro Tribunal Supremo ha mantenido, en esta concreta materia, dos líneas jurisprudenciales:

• La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que, finalmente, se ha impuesto, aprecia que se comete un delito de falsedad documental -del artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2ª- por entender que dado que la factura no se corresponde con la realidad, se habría producido una simulación total del documento apta para inducir a error sobre su autenticidad (STS 28-10-97, caso FILESA).

• La segunda línea interpretativa, consideraba que no existe delito puesto que la factura existe, y ha sido firmada y reconocida como tal por quien la autorizó con su firma. Esta segunda interpretación consideraba que la factura no sería falsa en su totalidad, sino que únicamente faltaría a la verdad en la narración de los hechos que se contienen o describen en la misma, que en virtud del artículo 390.1.4º, es impune para los particulares (STS 26-2-98, caso Argentia Trust).

Sin embargo, como indicamos, la postura y decisión que ha establecido nuestro Tribunal Supremo, en sus últimas sentencias, es la que estima que existe delito de falsedad documental cuando la factura refleja, por ejemplo, realización de obras o reparaciones que eran inexistentes.

La Sentencia que como referente de la doctrina ya consolidada del Tribunal Supremo podemos citar es la número 35/2010 de 4 de febrero, que establece:

“nos encontramos con unas facturas confeccionadas por persona que no intervino en la realización de obra o reparación alguna de las reflejadas en las mismas y que resultaron inexistentes. No estamos por tanto ante una falsedad ideológica, sino ante facturas ajenas a cualquier relación jurídico-negocial para dar cobertura a una reclamación de 46.883,70 E, esto es, ante un supuesto de confección completa de una factura que incorpora una secuencia inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, reflejando operaciones que no existieron en la realidad, lo que supone una completa simulación del documento que debe ser considerada la falsedad que se disciplina en el art. 390.1.2 CP .”(…)

Y, como indicamos, a su vez, si resulta que esa factura falsa se utiliza para ser aportada en un procedimiento judicial, como prueba de un servicio o trabajo que en realidad no existe, la conducta también sería constitutiva de un presunto delito de estafa procesal.

La misma Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, antes citada, número 35/2010, de 4 de febrero, establece sobre esta cuestión lo siguiente:

“ S. 1267/2005 de 28.10 , con referencia a la S. 21.2.2003 , confirmaba la condena por ese tipo delictivo declarando que el carácter fraudulento de la actuación procesal del demandante depende de la presencia del ánimo de lucro en la conducta de quien, consciente de que el demandado nada le adeuda, pretende obtener un beneficio económico ilícito mediante una resolución judicial provocada por aquél amparado en un contrato inválido o inexistente, de suerte que la presentación de demanda con apoyo en un contrato invalidado..... constituye la puesta en escena suficientemente engañosa para suscitar el error del Tribunal civil al que iba dirigida, y por tanto, la tentativa de estafa por la que se ha condenado al recurrente.”

En consecuencia:

Si a usted se le reclama judicialmente un importe y quien le demanda aporta una factura que recoja o describa unos trabajos o servicios que es falso por completo que se hayan realizado, debe saber usted que, además de la oposición o contestación que esa falsedad tenga en el procedimiento civil, puede presentar querella penal, y solicitar en el procedimiento civil que se suspenda (por la denominada prejudicialidad penal), para que quien ha emitido la factura falsa, responda y sea castigado penalmente por este hecho delictivo, dejando si eficacia legal alguna a dicha o dichas facturas falsas, y no tengan valor alguno en el procedimiento civil.